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Infancia indígena, condenada a carecer del derecho a la salud
Por:  / 13 mayo, 2015
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CIMAC Noticias

La muerte y hospitalización de menores de edad que presentaron reacciones adversas presuntamente por la aplicación de vacunas contra la tuberculosis, rotavirus y hepatitis B, en el municipio de Simojovel, Chiapas, es un ejemplo de la deuda pendiente que tiene el Estado mexicano con las madres, niñas y niños más pobres del país para garantizarles el acceso a servicios de salud de calidad.

Ante los hechos ocurridos, grupos civiles reclamaron que sean revisados los protocolos mediante los cuales se compran, almacenan, distribuyen y aplican las vacunas, especialmente en las comunidades marginadas e indígenas; se investiguen y finquen responsabilidades a los responsables de los hechos, y al mismo tiempo se replanteen los programas y políticas públicas sobre salud materno-infantil.

El pasado viernes 8 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte del Programa Nacional de Vacunación, aplicó a 52 niños de la localidad de La Pimienta, en Simojovel (catalogado por las autoridades como un municipio de “alta marginación”), vacunas para recién nacidos y niñas y niños de hasta dos meses de edad.

Esa misma noche, 31 menores de edad presentaron reacciones adversas a la vacuna, 29 fueron hospitalizados y otros dos perdieron la vida, informó el IMSS en un comunicado.

En entrevista con Cimacnoticias, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), consideró que el caso es “paradigmático” porque muestra los patrones de violación a Derechos Humanos (DH) que comúnmente enfrentan las poblaciones indígenas y rurales del país, en términos de acceso a servicios de salud de calidad.

Recordó que para una niña o niño nacer en una comunidad indígena es prácticamente garantía de que enfrentará pobreza y exclusión a lo largo de su vida.

Según cifras oficiales, el 53 por ciento de la población infantil mexicana vive en la pobreza, cifra que se eleva en las comunidades indígenas, donde ocho de cada 10 menores de edad enfrenta pobreza extrema.

Pérez García recordó que es responsabilidad del Estado garantizar todos los derechos de la infancia, lo que incluye el derecho a vivir en familia, pero “estamos encontrando discriminaciones estructurales que derivan en que las familias más pobres tienen menos acceso a sus derechos y se ven más afectadas ante condiciones adversas”.

Señaló que si bien se debe realizar una investigación que dé cuenta de si las vacunas habían caducado, no fueron refrigeradas adecuadamente, o no se aplicaron los protocolos correspondientes, sostuvo que es frecuente que a las familias de origen indígena no se les brinde información en su lengua sobre los posibles efectos o reacciones adversas, lo que las limita a actuar lo más pronto posible ante complicaciones de salud.

El especialista dijo que en el tema de la salud de la primera infancia también es primordial garantizar la salud de las madres, pues “niños y mamás comparten las condiciones de desigualdad, y son ellas las que durante los primeros años de vida, en la mayoría de los casos, garantizan la salud de las y los menores de edad”.

En ese punto coincide la organización internacional Save The Children, que en su informe “Lactancia y maternidad en México. Retos ante la inequidad” expone que es imperativo analizar en conjunto la salud materna y la infantil, ya que los avances en la reducción de la mortalidad infantil no se pueden considerar como un éxito sin haber alcanzado una disminución importante en la muerte materna.

“Mujeres con mala salud, con periodos cortos de recuperación entre embarazos, con pobre desarrollo o cuyo desarrollo aún no finaliza, como es el caso de las niñas y jóvenes, tienen un riesgo mucho mayor de que sus hijos e hijas no sobrevivan el primer mes de vida. A su vez, un bebé cuya madre ha muerto rara vez sobrevive o lo hace con un rezago significativo en su desarrollo y múltiples desventajas”, abunda la organización.

En ese sentido, informa que entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca o Veracruz mantienen un severo rezago tanto en salud materna, como salud infantil.

En México –dice Save The Children–, que una mujer nazca en un estado determina ciertas condiciones de desigualdad importantes, y la puede colocar en un riesgo cuatro veces mayor a morir por causas maternas que una mujer que vive en otra entidad dentro del mismo país.

Cuando se hace el análisis por otros indicadores sociales como la etnicidad, se observa que las brechas se acentúan aún más. En Oaxaca, 56 por ciento de las mujeres que murieron alrededor del parto eran indígenas. En Guerrero, 47 por ciento; en Chiapas, 25 por ciento, y en Chihuahua 36 por ciento eran indígenas.

Por otro lado, cuando se compara la mortalidad en niñas y niños menores de un año entre indígenas y no indígenas, las inequidades son “alarmantes”.

En Chiapas, Guerrero y Veracruz la tasa de mortalidad infantil indígena por cada mil nacidos vivos es de entre 31 y 21.6, “que son cifras demasiado altas en comparación a la tasa nacional que es alrededor de 15 por cada mil nacidos vivos”.

Redim y Save The Children, junto con Melel Xojobal, Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas; Desarrollo Educativo Sueniños; Chantiik Taj Tajinkutik, y Skolta´el Yu´un Jlumaltic, demandaron al gobierno de Chiapas y a las autoridades responsables de los hechos determinar la cadena de omisiones, y a sancionar a las personas responsables, así como brindar el apoyo necesario y el acceso a la justicia a las familias.

Al mismo tiempo, brindar apoyo institucional a los familiares víctimas y aquellos cuyos bebés aún se encuentran internados a fin de que puedan dar seguimiento sin que ello afecte su ingreso familiar, mantener informada a la población sobre los hallazgos en la investigación, y evitar la repetición de los hechos.

También exhortaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar seguimiento oportuno del caso, y a realizar las recomendaciones en el marco del enfoque de derechos de la infancia.

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